Mérida: 240 cuadrantes de paz armados y controlados por grupos políticos, no por las policías
El Estado abandona su rol y entrega seguridad a estructuras comunales
En Mérida, el número de llamados «cuadrantes de paz» llegó a 240 y recibieron un fuerte equipamiento: 63 camionetas, motocicletas y teléfonos móviles. Pero no es el Estado quien asume el control directo, sino los consejos comunales y comunas, según anunció el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello.
¿Qué ocurrió realmente?
Estos vehículos y equipos no serán usados por las policías municipales ni estatales, sino puestos a disposición del «poder popular», es decir, grupos comunales alineados con la agenda política oficial. La promesa es que estos cuadrantes patrullen y atiendan emergencias, pero bajo el mando de estructuras ajenas a las instituciones policiales.
¿Por qué esto cambia el escenario de seguridad?
La desarticulación del control policial tradicional en favor de estos «cuadrantes» representa un desplazamiento institucional. La idea presentada como cercanía comunitaria no es más que un método para militarizar y politizar la seguridad, delegándola en entidades que responden a la revolución, no al Estado ni a la ley.
El discurso oficial intenta mostrar un cambio cultural en la percepción de la policía, pero lo que está en juego es la erosión de las instituciones legales y la consolidación de una red paralela de control social.
¿Qué puede venir después?
Si esta tendencia se consolida en otras regiones, el país podría enfrentar una fragmentación aún mayor en la gestión de seguridad, con comunidades bajo control directo de grupos ideológicos específicos y sin supervisión estatal efectiva, lo que aumenta los riesgos de arbitrariedad, falta de profesionalización y debilitamiento del estado de derecho.
Mientras tanto, la narrativa oficial celebra que el «poder popular» está más cerca de la gente, pero lo que en realidad se fortalece es una seguridad segmentada y controlada desde estructuras políticas, no desde instituciones responsables y técnicas.