Más de 8.000 liberados bajo Ley de Amnistía: ¿Quién paga el costo real?
8.146 liberados y la otra cara de la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática no es un dato menor: 8.146 personas recuperaron la libertad plena. De ellas, solo 310 estaban presas y más de 7.800 tenían medidas cautelares.
Esta medida, aprobada el 19 de febrero, abarca delitos cometidos desde 1999 hasta hoy, excepto casos graves como delitos de lesa humanidad, homicidios intencionales, corrupción y narcotráfico.
¿Qué cambia este escenario?
Más allá del número, esto pone en evidencia el impacto real de una medida que busca, bajo la bandera de “convivencia democrática”, descomprimir las cárceles y flexibilizar las sanciones. Pero la pregunta urgente es: ¿Qué mensaje se envía a la sociedad y a quienes deben cumplir la ley?
¿Qué viene después?
Con 11.559 solicitudes válidas y solo un filtro limitado en cuanto a delitos excluidos, la puerta queda abierta a una flexibilización que podría generar riesgos para la seguridad y la legalidad. Este es un tema que divide opiniones y que no está solo en claves políticas, sino en consecuencias tangibles para instituciones y ciudadanos.