La verdad que el régimen venezolano oculta
María Corina Machado habló claro desde Chile: en Venezuela, los jueces son presos políticos. La independencia judicial es un mito en un país que el World Justice Project ubica último en Estado de Derecho, detrás incluso de tiranías como Cuba o Nicaragua.
¿Qué significa esto realmente?
Una nación sin justicia autónoma no es una democracia, es un régimen criminal donde nadie puede confiar en un juicio. Machado recordó el caso emblemático de la jueza María Lourdes Afiuni: sentenciada por emitir una sentencia consciente, terminó presa y violada. Eso resume el sistema: cualquier juez que se atreva a pensar por cuenta propia paga un precio político y personal.
El problema va más allá: empleados públicos, militares y custodios temen a la represión interna y muchos presos políticos confían en un cambio que los libere. El sistema judicial está secuestrado por el régimen y la transición depende de romper esas cadenas con garantías claras y justicia real, no pactos sin consecuencia.
Las consecuencias para Venezuela y el mundo
Mientras EE.UU. reconoce a Delcy Rodríguez, pieza clave del aparato represivo y de corrupción, la realidad firme es que la estructura criminal sigue intacta. No hay seguridad jurídica ni condiciones para atraer inversión o recuperar la economía paralizada.
Machado advierte que la transición será compleja y exige justicia para que exista perdón. No es venganza, es recuperar la legalidad ante crímenes brutales. Esto definiría la vuelta masiva de venezolanos a su suelo, cansados de la persecución y sin ilusiones en un régimen que los repudió.
¿Qué viene después?
Una salida pacífica y ordenada dependerá de desmontar la red represiva y abrir espacio a quienes quieran construir un Estado de derecho. Mientras tanto, el país sigue hundido en un sistema sin reglas, atrapado en la arbitrariedad y sin juicio justo para nadie. El llamado de Machado es claro: primero justicia, luego libertad. Todo lo demás es simulacro.