Maduro y Flores denuncian bloqueo al financiamiento de su defensa en EE.UU.
El depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores aseguran no tener acceso a fondos para costear su defensa en el tribunal federal de Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico. Confirmaron estar listos para presentar pruebas que demuestren su incapacidad financiera si el juez así lo requiere.
La clave: sanciones que impiden a Venezuela pagar su defensa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro prohíbe que el gobierno venezolano pague a los abogados de Maduro y Flores. Esta restricción interfiere directamente con su derecho constitucional a elegir y financiar su defensa, un punto que la defensa ha destacado como violación clara de las Enmiendas Quinta y Sexta de la Constitución de EE.UU.
Además, la defensa subraya la contradicción: en otros casos, la OFAC ha permitido que terceros sancionados financien abogados, pero aquí niega esa posibilidad, demostrando un criterio selectivo que afecta el debido proceso.
¿Qué cambia este bloqueo en el proceso legal?
La defensa sostiene que obligar a los acusados a aceptar abogados de oficio, sin poder elegirlos ni financiarlos, no solo afecta su derecho básico, sino que deja el proceso en una situación legalmente cuestionable. Por ello, exigen la desestimación de los cargos o, al menos, una audiencia para discutir estas violaciones constitucionales.
¿Hacia dónde va este caso?
Si el juez reconoce el grave conflicto legal, podría desestimar la causa o frenar el proceso, abriendo un nuevo capítulo donde las sanciones y la política internacional interfieren directamente con la justicia. Lo que parecía un caso penal podría terminar siendo una batalla legal por el respeto a garantías constitucionales básicas, ignoradas hasta ahora.