Maduro y su esposa apuestan todo para anular el proceso en Nueva York
Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores lanzaron una demanda que puede detener el juicio por narcoterrorismo en EE.UU. o cambiarlo radicalmente. La clave: exigen que el Estado venezolano financie su defensa y denuncian que bloquear estos pagos viola derechos constitucionales.
Qué pasó
La defensa presentó una moción ante la corte federal de Nueva York para que se permita a Maduro y Flores usar fondos estatales en sus honorarios legales. Si no, piden la desestimación total del caso. Según sus abogados, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. impide ese financiamiento, obligándolos a aceptar abogados designados, lo que califican de atentado contra un derecho básico: elegir libremente representación.
Por qué esto cambia el juego
Este no es un mero detalle legal. Si la justicia estadounidense acepta la exigencia de defensa estatal, abre una brecha en las sanciones contra Venezuela y su régimen. Además, cuestiona la coherencia del Departamento del Tesoro, que antes autorizó pagos similares en otros casos y ahora los bloquea en este, señalando que es una medida política, no técnica.
La fiscalía sostiene lo contrario: que permitir financiamiento estatal desde un gobierno sancionado amenaza la seguridad nacional y las políticas de sanciones estadounidenses. Además, afirma que Maduro y Flores tienen recursos propios, pero la defensa niega esa posibilidad y vincula el bloqueo con una ilegal interferencia en el proceso.
Qué viene
El juez debe decidir pronto si se mantiene el bloqueo a los pagos y la defensa impuesta o si permite que Venezuela financie directamente la defensa legal. De esta decisión depende si el juicio continúa, con las consecuencias políticas y legales que eso implica, o si se frena antes de arrancar. Esto va más allá de un caso judicial: es un desafío directo a la narrativa y las estrategias de EE.UU. contra el régimen chavista.