Leyes anti-ONG en 6 países: ¿el fin de la sociedad civil en Latinoamérica?
Golpe a la sociedad civil: leyes anti-ONG en Ecuador, El Salvador, Venezuela, Paraguay, Nicaragua y Perú
Entre 2020 y 2026, seis países de Latinoamérica aprobaron leyes que no sólo limitan la acción de las ONG, sino que directamente deterioran el tejido social. Amnistía Internacional alerta que estas normas imponen controles impuestos en secreto y de forma exprés, que bloquean la ayuda humanitaria y la defensa de derechos fundamentales.
El verdadero impacto detrás de las leyes
No se trata sólo de controles o trámites burocráticos: estas leyes obligan a las organizaciones a destinar más de la mitad de sus recursos a impuestos o requisitos administrativos. En El Salvador, por ejemplo, una ley establece un 30% extra en impuestos sobre fondos internacionales, prácticamente paralizando a las ONG. En Nicaragua, cientos de organizaciones han cerrado desde que aprobaron una ley similar en 2020.
Además, un discurso oficial estigmatiza a estas entidades como «antipatria» o antagonistas de los gobiernos, acusaciones sin base que justifican cierres y bloqueos económicos.
¿Qué está en juego?
Este ataque coordinado restringe el espacio cívico y debilita la ayuda donde el Estado no llega. No es un problema menor: pone en riesgo a las comunidades más vulnerables y debilita las instituciones que funcionan como contrapesos. La presentación de estas leyes sin debate ni participación ciudadana crea un peligroso precedente para la democracia regional.
El futuro que viene
Sin revertir estas legislaciones, la sociedad civil quedará prácticamente anulada en países clave. La recomendación clara de expertos es derogar o reformar estas normas para garantizar el apoyo humanitario y la defensa de derechos. Lo contrario significa ceder espacio a políticas autoritarias que no enfrentan sus problemas, sino que eliminan a quienes los denuncian y atienden.