Ley de Minas ignora daños ambientales y profundiza crisis en Bolívar
La Ley de Minas evade responsabilidades ambientales clave
El pasado 19 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó 12 artículos de la nueva Ley de Minas, pero lo que no dicen es que esta norma incumple con requisitos ambientales y sociales esenciales. Alejandro Álvarez, coordinador de Clima 21, alerta que la legislación prioriza intereses mercantiles por encima del desarrollo sostenible y los derechos humanos.
¿Qué ocurre con la sostenibilidad y derechos?
La ley mantiene un lenguaje vacío: habla de «desarrollo minero sostenible», un concepto contradictorio porque toda acción minera genera daño, insiste Álvarez. Más grave, no exige estudios de impacto ambiental obligatorios, a pesar de que la Constitución los demanda para concesiones mineras.
¿Y los territorios indígenas?
En vez de reconocer territorios indígenas, la ley solo menciona «hábitat indígenas» y promete beneficios sin detallar mecanismos de implementación. Es un intento de diluir derechos y evitar responsabilidades claras.
Consecuencias locales: Bolívar en la mira
La zona minera de Bolívar, epicentro del daño ambiental en Venezuela, sufre destrucción masiva, especialmente en el río Yuruari, contaminado con mercurio, según denuncia oficial y expertos. La minería a cielo abierto y el uso de químicos para extraer oro están degradando el medio y poniendo en riesgo la salud.
La crisis del agua, un problema político
El 80% del agua fresca de Venezuela está al sur del Orinoco, pero el acceso al agua potable es precario debido al abandono político de las plantas de tratamiento, que ya no funcionan. Esto hace que el agua disponible no sea apta para consumo y agrava un problema que no tiene que ver con la naturaleza, sino con la mala gestión y falta de voluntad política.
¿Qué debe pasar ahora?
- Detener la aprobación rápida de la ley para incluir requisitos ambientales, sociales y jurídicos indispensables.
- Establecer mecanismos efectivos de monitoreo independiente y transparencia pública.
- Garantizar la reparación de daños ambientales y respetar la Constitución.
- Reconocer y proteger adecuadamente los verdaderos territorios indígenas.
Esta ley no es un simple ajuste legal: consolida una agenda que ignora impactos esenciales y profundiza conflictos. ¿Quién responderá por las consecuencias ambientales y sociales cuando estén irreversibles?