Sucre abraza la Ley de Amnistía, ¿pero a qué precio?
En un evento en Cumaná, cerca de diez partidos políticos avalaron un proyecto que promete “paz y reconciliación” para Venezuela. Liderado por el vicepresidente Pedro Infante, el encuentro busca legitimar la polémica Ley de Amnistía y Convivencia Democrática.
Lo que dicen y lo que no dicen
Infante sostiene que la Ley no busca impunidad, sino responsabilidad compartida en un proceso de pacificación nacional. Sin embargo, el concepto de amnistía siempre abre interrogantes: ¿se están preparando condiciones para olvidar actos que pudieron haber socavado la legalidad y la seguridad del país?
El debate avanza con la participación de sectores que mantienen posturas divergentes, pero el consenso aparente oculta el riesgo de normalizar y blanquear conflictos políticos sin resolver de fondo.
Consecuencias invisibles para la nación
- Esta Ley puede debilitar la rendición de cuentas en instituciones y socavar los fundamentos legales.
- El discurso oficial evita confrontar posibles responsabilidades en daños a la estabilidad social y económica.
- Los llamados a “reconciliación” podrían ser usados para consolidar una agenda política que evite sanciones, controles o investigaciones legítimas.
¿Qué viene ahora?
Con la Ley en trámite y el aval de autoridades regionales, el país se enfrenta a una redefinición de sus normas legales sin un debate pleno sobre el costo real para la justicia y la seguridad.
El escenario plantea una dicotomía: avanzar hacia una reconciliación real con bases en la legalidad, o ceder a una pacificación artificial que fragilice la institucionalidad y abra paso a futuras crisis.