La ley de amnistía que podría sellar la impunidad
Organizaciones no gubernamentales advierten que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en discusión en la Asamblea Nacional oficialista, corre el riesgo de convertirse en un escudo para arbitrariedades y no en un mecanismo de justicia real.
¿Qué está en juego?
Provea, Clippve, Justicia, Encuentro y Perdón, y Foro Penal exigen que cualquier norma sobre amnistía respete los estándares internacionales en derechos humanos y evite revictimizar, excluyendo o invisibilizando el sufrimiento de las víctimas.
Hasta ahora, después de varias discusiones, el proyecto apenas registra cambios superficiales, limitándose a incoporar principios constitucionales ya obligatorios. No garantiza reparación ni controla el abuso.
Presos políticos con condiciones críticas: una urgencia ignorada
Mientras el debate avanza lentamente, hay al menos 60 detenidos políticos en estado de salud grave, junto a grupos vulnerables como un adolescente, personas autistas y adultos mayores. A esto se suman cientos que podrían quedar libres con las normas actuales, sin esperar la ley.
Sin embargo, la excarcelación está supeditada a la aprobación de esta ley, perpetuando la crisis humanitaria en cárceles y abusos legales.
La amnistía no debe ser un gesto político, sino reconocimiento a la arbitrariedad
Provea y Clippve recuerdan que la amnistía fue anunciada bajo presión ciudadana tras retrasos y falta de transparencia en las liberaciones «a cuentagotas» que han prolongado la incertidumbre.
Esta ley no puede ser un acto de gracia del gobierno, sino un resarcimiento por detenciones arbitrarias que violan derechos fundamentales como la libertad de expresión y protesta pacífica.
¿Y la verdad y la justicia para las víctimas?
Denuncias sobre desapariciones forzadas, torturas y violaciones al debido proceso han sido el común denominador tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Una amnistía que calle estas violaciones será un paso atrás para las instituciones y las víctimas.
Desde Foro Penal llaman a la sociedad a no aceptar una ley que legitime impunidad y a mantener la resistencia ciudadana como única garantía para evitar un retroceso.
Debate en suspenso y horizonte incierto
El proyecto, aprobado en primera ronda, abarca hechos desde 1999, pero su aplicación está limitada a ciertos episodios políticos. El segundo debate fue aplazado por diferencias sobre la presentación ante la justicia de procesados.
Si se sanciona, la ley podría formalizar un mecanismo de impunidad disfrazado de legalidad, dejando a miles de víctimas sin reparación y congelando la liberación inmediata de presos en condiciones vulnerables.
Mientras tanto, el país observa marchas estudiantiles y la visita del secretario de Energía estadounidense, en medio de un escenario político que no escapa a tensiones y contradicciones.