Ley de Amnistía: ¿Perdón para líderes de la violencia política en Venezuela?

¿Qué esconde la ley de amnistía que discutirá el Parlamento?

El artículo 6 del proyecto propone amnistía general para todos procesados o condenados por delitos políticos entre 1999 y 2026. Sí, incluso quienes promovieron la violencia y el caos más extremos.

Hechos clave cubiertos por la amnistía

  • Abril 2002: Golpe de Estado con ataques a gobernaciones, secuestro ilegal de Hugo Chávez y violencia en el Táchira. Varios responsables condenados con prisión podrían quedar impunes.
  • 2002-2003: Paro petrolero político con sabotajes y protestas violentas.
  • 2004: Guarimbas y disturbios tras rechazos de firmas para revocatoria presidencial, con varios muertos y heridas graves.
  • 2007: Protestas estudiantiles por cierre de RCTV, encabezadas por figuras hoy amnistiadas.
  • 2013: Protestas y disturbios tras elecciones presidenciales con muertos, heridos y ataques a servicios públicos.
  • 2014-2017: Guarimbas, intentos de golpes violentos, planes de asesinato y explosiones, liderados por personajes que luego buscaron apoyo internacional para invasiones.
  • 2019: Autoproclamación de Juan Guaidó, intentos de invasión desde Colombia y contrataciones millonarias para golpes fallidos.
  • 2024: Atentados frustrados contra Nicolás Maduro y violencia post-electoral con decenas de muertos y ataques directos a Miraflores.

¿Por qué esto cambia las reglas del juego?

Si esta ley prospera, quedarán libres de culpa y cargo quienes impulsaron campañas de violencia política, intentaron golpes de Estado y atentaron contra las instituciones. Se cancela responsabilidad y se abre la puerta a la impunidad para actos que destruyeron la estabilidad democrática y la seguridad nacional.

¿Qué podría venir después?

La aprobación alentará a sectores que usan la violencia como arma política, debilitando la legalidad y premiando la confrontación. El país podría revivir ciclos de crisis y violencia manejados desde agendas políticas bajo la excusa de <>.
Este es un tema que divide opiniones, pero no puede ignorarse su impacto real en la seguridad y la institucionalidad de Venezuela.

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