Siete mil setecientas veintisiete excarcelaciones bajo la Ley de Amnistía
El diputado Jorge Arreaza informó que desde la aprobación de la Ley de Amnistía se otorgaron 7.727 libertades plenas, tras procesar 12.557 solicitudes llegadas a tribunales. La cifra incluye 7.474 personas que pasaron de medidas cautelares a libertad total y 253 excarcelados que estaban privados de libertad.
¿Qué significa esto para la seguridad y la justicia?
Sin embargo, 1.460 solicitudes fueron rechazadas porque involucraban delitos comunes excluidos expresamente de la ley: homicidios, corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. La depuración también reveló 2.831 solicitudes repetidas, un 23% del total, lo que indica irregularidades en el trámite.
Hasta ahora, 539 casos permanecen en estudio, y se han emitido medidas sustitutas de privación para 116 personas que no aplicaban a la amnistía, siguiendo recomendaciones oficiales.
Lo que no se dice: Un sistema bajo presión y dudas sobre los criterios
La Comisión para el Seguimiento de la Ley destaca la «cordialidad» del proceso, pero el volumen de solicitudes repetidas y la necesidad de filtrar casos plantea interrogantes sobre el impacto real en la seguridad ciudadana y la credibilidad institucional.
Además, la ONG Foro Penal recibió listas con nombres que contradicen su registro de «presos políticos», mostrando confusión o manipulación en las etiquetas de casos judiciales.
¿Hacia dónde vamos?
Si bien la amnistía puede mostrar avances en convivencia democrática, es urgente un enfoque transparente y riguroso para asegurar que la justicia no se flexibilice en detrimento de la sociedad. La cifras no dejan claro si la seguridad seguirá siendo una prioridad o si el sistema judicial continuará bajo el peso de una agenda política que privilegia la liberación masiva frente a la responsabilidad penal.