¿Libertad o control político?
Américo De Grazia quedó en libertad plena el 9 de marzo tras más de un año detenido, gracias a la Ley de Amnistía aprobada el 19 de febrero. Pero él alerta: esta ley no es un logro de justicia, sino un arma bajo la total discrecionalidad del oficialismo.
Una Ley con “techo político” y graves límites
De Grazia advierte que la Ley de Amnistía beneficia a unas 800 familias esperanzadas, pero también recuerda que hay más de 11 mil presos políticos desde la llegada de Chávez, según cifras de Foro Penal y Provea, en medio de una crisis que esta ley no resuelve.
Su excarcelación fue confusa y llena de irregularidades: ningún documento oficial, medidas cautelares solo verbales, y la amenaza constante de poder ser detenido nuevamente en cualquier momento sin explicación.
Silencio y falta de transparencia, la norma en las detenciones
Durante meses, De Grazia no supo ni quién lo defendía ni tuvo acceso a su expediente. Los tribunales bloquearon todos sus intentos de defensa privada y acceso a documentación. En medio de la incertidumbre, sólo pudo presentarse día a día ante los tribunales sin respuestas claras.
Una amnistía cuestionada y con efectos limitados
A pesar de ser favorecido por la ley, la entrega formal de la libertad fue tardía y sin garantías básicas. Para De Grazia, esta ley “es un mal necesario”, pero no debe convertirse en un recurso permanente para lidiar con presos políticos. Rechaza que líderes sindicales y otros sigan tras las rejas por reclamar derechos mínimos.
¿Qué viene después?
Esta ley revela el uso que el oficialismo hace de las libertades: un control político disfrazado de beneficio legal. El reto será exigir reformas reales que acaben con la persecución política y garanticen que ningún venezolano siga preso por cuestionar al gobierno.