Venezuela avanza en una ley que puede convertir la impunidad en norma
El pasado viernes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó una ley de amnistía que promete liberar presos políticos desde 1999. Pero esta iniciativa, lejos de ser un cierre definitivo a abusos, genera nuevas señales de alarma.
La verdadera amenaza: impunidad para agentes del Estado
Amnistía Internacional advierte que el borrador no aclara si la ley liberará también a funcionarios involucrados en violaciones graves. Si esto sucede, se abriría un camino directo a la impunidad, negando cualquier responsabilidad a quienes violaron derechos fundamentales.
Este vacío legal no es menor: la norma corre el riesgo de convertirse en un blindaje político para grupos violentos que han operado bajo el amparo del Estado desde la era chavista.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Porque sin reformas profundas que desmantelen las estructuras represivas, cualquier amnistía será solo una ilusión de justicia. El cierre simbólico de El Helicoide y la liberación parcial de presos no cambian la verdad: detenciones arbitrarias y torturas siguen ocurriendo en decenas de cárceles clandestinas bajo control estatal.
Lo que viene: ¿nuevo inicio o continuidad de abusos?
Si la ley no limita explícitamente su alcance y no va acompañada de medidas reales para disolver órganos represivos, Venezuela seguirá en un ciclo de detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas. La comunidad internacional y los sectores afectados deben exigir respuestas claras: ¿libertad o impunidad?