Amnistía parcial que deja en la sombra a cientos de presos políticos
Este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, presentada por Delcy Rodríguez tras un golpe de efecto internacional con la detención de Nicolás Maduro por EE.UU. Pero lejos de ser un puente a la reconciliación, la norma genera exclusiones y controversias que apuntan a perpetuar el conflicto político y la injusticia.
¿Por qué esta ley cambia poco en el escenario político?
El texto, aprobado por unanimidad gracias a la mayoría oficialista, no elimina las inhabilitaciones políticas ni garantiza el retorno seguro ni la restitución de bienes a quienes sufrieron persecución. Más de la mitad del periodo abarcado (más de 14 años) quedó fuera, y sólo se consideran algunos meses puntuales dentro de los restantes 13 años, limitando su alcance de forma deliberada.
Por si fuera poco, se mantienen conceptos contradictorios como la acusación predefinida de extremismo, que descalifican a posibles beneficiarios antes de aplicar la ley. Esta narrativa impuesta desde el poder político limita la validez jurídica de una amnistía que debería ser neutra y amplia, no selectiva y revictimizante.
¿Qué viene después?
- Presión constante para ampliar los beneficios y liberar a todos los presos políticos que la ley dejó excluidos.
- Demandas concretas para revocar inhabilitaciones políticas y garantizar derechos básicos como el regreso seguro y la recuperación de bienes.
- Revisión jurídica profunda, porque esta ley no cambia el estado de excepción permanente ni la judicialización parcializada que mantiene el régimen.
La llamada «amnistía» se parece más a un instrumento político controlado que a una verdadera salida para la crisis. Quienes la promovieron parecen más interesados en controlar escenarios que en resolver injusticias. La reconciliación real sigue pendiente, y con ella, la estabilidad política y social de Venezuela.