La amnistía que promete liberar presos políticos en Venezuela esconde una trampa legal.
Acceso a la Justicia detectó contradicciones clave y un conflicto de intereses peligroso en el proyecto que el Parlamento podría aprobar esta semana.
¿Qué pasó?
El texto de la ley menciona el término “extremismo”, lo que implica culpabilidad previa y excluye automáticamente a ciertos presos. Además, introduce la idea de “clemencia soberana”, que no es más que reconocer responsabilidad antes de otorgar el derecho a la amnistía. Esto distorsiona el propósito fundamental de la ley, que debería ser neutral y sin prejuicios.
Lo más grave: el perdón quedaría en manos de tribunales y fiscales acusados por organismos internacionales de participar en represiones masivas. Es un claro conflicto de intereses que pone en riesgo la transparencia del proceso.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Porque la justicia pasa a estar controlada por quienes han sido señalados como parte del problema. No se permite la representación legal externa ni familiar para los beneficiarios, limitando también la defensa efectiva.
No hay claridad si un juez decide que un caso no califica para la amnistía, dejando a cientos en el limbo.
¿Qué consecuencias vienen?
La ley excluye delitos graves, pero incluye una figura polémica como el magnicidio, ya utilizada para imputar a militares sin pruebas de muerte, ampliando así el poder discrecional de la justicia.
Este borrador no garantiza ni justicia ni liberación efectiva. La presión política detrás de la ley busca un «nuevo momento político» sin resolver las fallas estructurales ni las persecuciones anteriores.
En resumen, esta ley podría consolidar un mecanismo legal para mantener presos políticos bajo criterios ambiguos y controlados por quienes deben ser investigados.