¿Se está ignorando el costo de la Ley de Amnistía?
La Asamblea Nacional, a través de su primer vicepresidente Pedro Infante, inició una agenda acelerada para activar y difundir la Ley de Amnistía a partir del 23 de febrero.
Sin debate público ni discusión profunda, se organizarán reuniones con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, así como con el Poder Ejecutivo, la Defensa Pública y el Tribunal Supremo de Justicia, para implementar un “protocolo expedito” que permita procesar solicitudes en apenas 15 días.
¿Por qué este apresurado despliegue cambia el escenario?
Porque pone al aparato estatal al servicio de esta medida sin analizar las consecuencias en materia de seguridad, legalidad e impacto institucional. Más de 2 mil propuestas recibidas en la fase consultiva no detuvieron la velocidad del proceso.
Mientras se habla de «perdón» y «paz», el riesgo real es que se liberen casos sin control ni distinción, afectando la credibilidad del sistema judicial y la estabilidad social.
Lo que viene y por qué debemos estar atentos
- Activación masiva de solicitudes sin filtros rigurosos.
- Un despliegue mediático y institucional que evita cuestionar quiénes se benefician realmente.
- La posibilidad de que esta ley sea utilizada como herramienta política para premiar sectores ligados a la agenda oficial.
La pregunta que queda abierta es: ¿puede el Estado garantizar seguridad y justicia aplicando la Ley de Amnistía con tanta prisa y sin discusión real?