Ley de Amnistía abre puertas a impunidad política: ¿qué se oculta tras el debate?

La Asamblea Nacional abre canales para ‘contribuir’ a la Ley de Amnistía

El proyecto, aprobado en primera discusión el 5 de febrero, ahora recibe aportes a través del correo leyamnistia.an2026@gmail.com.

¿De qué se trata?

Esta ley no es un simple ejercicio democrático, sino un dispositivo para liberar a quienes hayan cometido delitos políticos o conexos desde 1999 hasta enero de 2026. Incluye hechos violentos graves asociados a protestas, golpes de Estado y sabotajes que dejaron marcas profundas en la estabilidad y seguridad del país.

¿Por qué importa esto?

Porque la norma redefine los límites de la legalidad y la justicia, privilegiando la impunidad bajo la bandera de la «reconciliación». Los beneficiarios podrían ser responsables de asaltos a instituciones, actos de violencia masivos y coacción contra el orden público.

El artículo 6 es clave: amnistía para actores en eventos como el golpe del 2002, las guarimbas estudiantiles, actos violentos durante procesos electorales y protestas que derivaron en muertes y enfrentamientos.

¿Qué viene ahora?

La llamada fase de consulta pública no solo busca «fortalecer» el texto, sino legitimar un proceso que puede debilitar la aplicación de la ley y la función de los tribunales. La Defensoría del Pueblo figura como vigilante, pero ¿qué garantías reales existen para que se aplique con justicia?

Este proyecto marca un antes y un después en la construcción institucional y la seguridad jurídica. La pregunta no es si la ley pasará, sino cómo impactará en la estabilidad del país y en la confianza en sus instituciones.

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