Larry Devoe: El fiscal elegido para blindar la amnistía y la impunidad
Designan a Larry Devoe: operador político al mando de la Fiscalía
Este jueves, la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo impuso a Larry Devoe como fiscal general. Ocurre justo cuando se despliega la polémica Ley de Amnistía aprobada en febrero, que dejará a sectores políticos blindados ante la justicia.
¿Quién es Larry Devoe y qué implica su nombramiento?
Devoe es un abogado conocido más por su perfil político que por su independencia. Ha ocupado puestos clave en el actual gobierno, incluyendo la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos y cargos vinculados a la administración de Delcy Rodríguez, presidenta encargada. Desde finales de febrero, ya ejercía de manera temporal como fiscal, mientras se desarrollaba la designación oficial.
Además, su historial incluye múltiples cargos públicos. Desde funciones en la Defensoría del Pueblo, pasando por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, hasta la junta reestructuradora de los criptoactivos y asesorías en Relaciones Exteriores. Esta acumulación de funciones revela una concentración de poder que pone en peligro la separación real entre el Ministerio Público y el Ejecutivo.
Independencia en entredicho y consecuencias invisibilizadas
Organizaciones críticas al gobierno, como Provea, advierten que Devoe es un funcionario de absoluta confianza del oficialismo, lo que es incompatible con la imparcialidad que requiere la Fiscalía. Su cercanía con la cúpula hace inviable un combate serio contra los abusos del poder o la corrupción en el Gobierno.
El Instituto encargado del control constitucional establece claramente que el Fiscal no debe tener militancia política. Aquí, en cambio, se impone a un hombre del régimen con historial en cargos clave y cuestionados por su alineación.
Este nombramiento cambia el escenario político y jurídico
Con Devoe al frente, la Fiscalía pasa a ser un instrumento para legitimar decisiones como la ley de amnistía, que podría abrir la puerta a impunidad para funcionarios implicados en delitos graves. Mientras se habla de “nuevo momento político” y acercamientos externos, lo que ocurre es un reforzamiento institucional del control oficialista.
Incluso con sanciones internacionales sobre él, su perfil técnico y político es justo el adecuado para avanzar en esta estrategia de consolidación y manejo controlado de la justicia. Se pasa de un Estado de Derecho a un arbitraje tutelado, condicionado por intereses políticos.
¿Qué esperar a corto plazo?
- El Ministerio Público difícilmente investigará casos de corrupción u otros delitos vinculados al oficialismo.
- La Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno se aplicará sin contrapesos reales, dejando impunes crímenes y violaciones.
- La legitimidad externa que busca el régimen estará controlada por operadores legales como Devoe, que garantizan impunidad y estabilidad por conveniencia.
La única manera de romper este círculo es con una Fiscalía realmente independiente, algo que esta designación aleja cada vez más del país. Lo que no se dice abiertamente es que bajo esta nueva gestión, el poder judicial seguirá siendo un brazo más del Gobierno, no un garante de la ley.