¿Estamos frente al inicio de una transición o un simple reciclaje del chavismo?
La Asamblea Nacional 2025 es la pieza clave —y la más débil— para definir el futuro político y económico de Venezuela. ¿Será un vehículo para construir reglas mínimamente aceptables para inversionistas y Washington o seguirá siendo un instrumento del poder de facto?
Qué ocurrió
La AN tiene ahora la oportunidad de transformar un sistema basado en arbitrariedades y favores en uno que justifique ante auditorías y accionistas un manejo de riesgo jurídico y político. Pero esto exige reformas profundas y comprobables:
- Reforma judicial con estándares claros y depuración de magistrados bajo supervisión internacional.
- Reconfiguración del Consejo Nacional Electoral con participación supervisada, para abrir paso a elecciones legítimas en 2027–2028.
- Leyes económicas que protejan la estabilidad fiscal y promuevan una dolarización real para anclar la política monetaria.
Sin estos cambios, la dolarización será solo un maquillaje temporal, y la percepción de incertidumbre legal mantendrá alejados a los capitales reales.
Por qué esto cambia el escenario
El punto crucial es superar la carencia de reconocimiento internacional del régimen y la AN actual. Para eso, las leyes deben diseñarse con cláusulas de ratificación futura, acatando acuerdos internacionales y facilitando la incorporación de la oposición en la toma de decisiones.
Esto no es idealismo: es una estrategia práctica para construir un marco que soporte inversiones y legitimidad, y que a la vez limite que el chavismo utilice sus instrumentos de control —el “aguijón”— para aplastar cualquier avance.
Qué viene después
Hoy el escenario se divide en tres caminos, ninguno sencillo pero con consecuencias claras:
- Transición negociada (30–35% chance): Desarme parcial del aparato represivo, cogobierno con la oposición y reformas que permitan una apertura económica y política. Requiere que EE.UU. atice la presión vinculando cada barril de petróleo y dólar invertido a resultados concretos, no a promesas vacías.
- Reciclaje autoritario (45–50%, escenario base actual): Mejora económica relativa, flexibilización de sanciones, pero mantenimiento del control autoritario y uso selectivo de la amnistía para frenar verdaderas reformas.
- Ruptura y estallido (15–25%): La desesperación social supera controles, provocando un conflicto desordenado con riesgo de violencia y desplome en la producción petrolera. Una salida violenta con consecuencias imprevisibles.
La verdadera disyuntiva radica en si el chavismo decide negociar un nuevo marco institucional o se aferra a resistir hasta el final con mecanismos de miedo y represión intactos.
Una pregunta que no te están haciendo
¿Quién decidirá el destino de Venezuela: las licencias temporales y el petróleo o el equilibrio real de poder institucional y social?
Porque mientras el núcleo duro del chavismo mantenga el control sobre el aparato represivo y la AN funcione como extensión de ese poder, todo avance será reversible.
El verdadero poder está en un tridente fundamental: Trump–Rubio–Dogu, el chavismo en sus distintas facetas, y la oposición democrática que debe transformar su mayoría en estructura institucional. El resto es ruido.