La trampa oculta tras la “ley de amnistía”: ¿quién realmente gana?
¿Amnistía o borrón político?
Fabricio Ojeda hijo pidió un análisis más allá de lo jurídico. Aquí está la verdad cruda: esta ley no se trata de liberar presos políticos.
Las excarcelaciones ya ocurren cuando al poder le conviene. No es un gesto humanitario, es un cálculo político.
El verdadero problema
Esta ley intenta reescribir la narrativa y garantizar la legitimidad de la Asamblea Nacional del 2025, un órgano cuestionado desde su origen.
No busca reconciliar al país, sino salvaguardar su propia existencia.
¿Qué está en juego?
- Aceptar esta ley es aceptar que hubo un choque entre partes iguales.
- Reconocer que «todos cometimos excesos», borrando a los perseguidos y exiliados.
- Convalidar a una Asamblea sin reconocimiento internacional como autoridad moral para cerrar el pasado.
Esto no es cierto y desmonta la lucha democrática.
Consecuencias reales
Esta amnistía simbólica puede usarse para decir que el problema de los presos políticos y la crisis institucional está resuelto.
Pero en realidad, liquida la autoridad legítima de 2015 y entrega la narrativa al régimen y sus herederos.
Para quien vive el exilio, esto es inaceptable: no es solo un desplazamiento físico, es una herida política abierta que no se cura con decretos ni manipulaciones narrativas.
¿Cuál es la salida?
La libertad no se concede, se conquista con autoridad legítima.
La reconciliación debe partir por reconocer quién perdió la legitimidad y por qué, no por pasar la página sin verdad ni justicia.
Una verdadera ley de amnistía sólo puede surgir en un proceso real de transición con reparación a las víctimas, financiada con recursos recuperados de la corrupción que sostuvieron el régimen.
La advertencia final
Aceptar la actual ley sería permitir que quienes persiguieron y expulsaron a opositores usen el lenguaje de la paz para lavar su ruptura institucional.
Eso equivaldría a una segunda expulsión: esta vez de la verdad y la justicia.
Y eso no lo vamos a aceptar.