La Sala Constitucional y el secreto judicial que nadie denuncia
Justicia a puerta cerrada: la contradicción de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió cerrar la puerta al acceso público de expedientes judiciales, incluso para abogados que no representan a las partes. Esto pese a que la ley establece que la publicidad es la regla, no la excepción.
Lo que pasó realmente
El 18 de diciembre de 2006, la Sala afirmó con claridad en un fallo histórico que la publicidad es indispensable para el control judicial. Sin embargo, hoy niega el acceso a informes judiciales a abogados sin representación directa. En la práctica, se está aplicando un secreto judicial universal que no encuentra respaldo legal.
Por qué esto cambia las reglas del juego
- Limita el derecho al trabajo de abogados con casi 50 años de experiencia.
- Contradice normas nacionales y tratados internacionales que exigen procesos públicos y transparentes.
- El Código de Procedimiento Civil establece que los actos judiciales deben ser públicos, salvo excepciones tasadas y justificadas, nunca por regla general.
- Obliga a la ciudadanía y a los operadores jurídicos a depender del mute oficial para conocer derechos y obligaciones.
- Genera un nuevo muro opaco en la justicia venezolana, justo cuando se exige transparencia para evitar abusos o desviaciones.
Lo que viene si no se corrige
Este precedente abre la puerta a que cualquier expediente quede encerrado sin control público. La justicia secreta consolida la opacidad y erosiona la confianza en las instituciones. Sin transparencia, la corrupción y los fallos arbitrales se multiplican.
¿Estamos acaso ante una transformación silenciosa del sistema judicial hacia un modelo cerrado y excluyente? Sin vigilancia externa, ni abogados pueden verificar ni informar sobre procesos, la justicia dejará de ser un servicio público para transformarse en un mecanismo inaccesible para la verdad y la defensa.
Un llamado urgente
La Sala Constitucional debe dejar de actuar por encima de la ley, garantizando el acceso legítimo a los expedientes no reservados a todos los ciudadanos y profesionales autorizados por la ley. La opacidad no protege la justicia, la socava.
La transparencia no es opcional para un Estado de derecho, es su base. La justicia secreta es la peor medicina para un país que necesita rescatar la legalidad y la confianza institucional.