Imposible ser amnistiado si no hubo delito
A Nakary Mena Ramos y Gianni González les negaron la amnistía. ¿La razón? No haber cometido un delito “en el contexto” definido en la ley. Pero fueron detenidos y encarcelados injustamente, sin pruebas ni fundamentos reales.
Un sistema judicial en contra de la justicia
El Tribunal 22 del Área Metropolitana de Caracas declaró improcedente la amnistía solicitada para los periodistas. Ellos fueron apresados por hacer un reportaje sobre inseguridad, acusados de “incitación al odio” y “difusión de información falsa”. Castigos por hacer su trabajo profesional.
¿Lo peor? El mismo tribunal que validó su encarcelamiento ahora decide que no procede liberarlos. La paradoja revela que la justicia es una herramienta política para mantener el control, no para defender derechos.
El costo real: un país sin prensa libre ni respeto a instituciones
Nakary y Gianni cumplieron nueve meses en prisión preventiva y aún enfrentan medidas cautelares que prolongan su castigo. Miles de periodistas sufren persecución similar desde el fraude electoral de 2025. La prensa libre está bajo amenaza directa.
Jorge Rodríguez admite fallos en la Ley contra el Odio pero niega reconocer abusos. Asegura que la amnistía representa “dar una nueva oportunidad” a quienes se encarceló. Aquí está la clave: no hubo delito, por lo que no hay oportunidad que dar. Solo control político disfrazado.
¿Qué viene ahora?
- Prolongación de la injusticia a través de medidas cautelares sin bases legales.
- Un sistema judicial atrapado en una lógica política que ahoga la libertad de expresión.
- Un país con instituciones que refuerzan la represión en lugar de la justicia.
Esto no es solo un caso aislado. Es la muestra más clara de cómo la ley y las instituciones se usan para perpetuar un régimen que no tolera disidencia. La amnistía sin delito no es justicia. Es la legalización del abuso.