La ley de amnistía que el régimen no quiere que conozcas

Amnistía parcial, ¿giro real o cortina de humo?

Delcy Rodríguez, figura clave del régimen, anunció una ley de amnistía junto con el cierre del Helicoide, el centro de torturas más brutal de América Latina. Pero aún no hay detalles claros del proyecto. Este anuncio supone una apertura que el país esperaba, pero ¿estamos ante una verdadera transformación?

Lo que ocultan detrás de la ley

La amnistía debería liberar a los presos políticos y cerrar procesos judiciales fraudulentos. Sin embargo, usar esta figura legal es un disfraz ético. Los detenidos nunca cometieron delitos, fueron víctimas de un sistema judicial secuestrado por un Estado-Partido que ha perseguido disidentes para mantenerse en el poder.

Si la ley logra extinguir estas causas ilegítimas, será un paso importante. Pero el desafío mayor es evitar que este régimen repita la criminalización política mediante normativas represivas disimuladas bajo un marco legal.

¿Fin a la persecución o pausa calculada?

La llamada «revolución bolivariana» creó un sistema jurídico para convertir la disidencia en delito, desde la Ley contra el Odio hasta leyes que rayan con lo fascista. Sin derogar estas normas, la persecución política seguirá siendo estructural.

Por eso, la amnistía debe ir acompañada de la eliminación de todas las leyes que criminalizan a la oposición, así como del levantamiento inmediato del estado de excepción que restringe derechos fundamentales.

El desenlace inevitable tras el golpe y la captura

El golpe del 28 de julio de 2024 y la detención del líder de la usurpación cambiaron las reglas de juego. Estados Unidos intervino para arrestar al usurpador, abriendo la puerta a elecciones libres y legales. Pero el régimen actual hace todo para retrasar esta transición.

¿Demoler la tiranía o construir democracia?

La demolición del entramado autoritario está en marcha, pero eso no significa que la democracia sea inmediata. Necesitamos reemplazar a la cúpula chavista imponiendo un Gobierno legítimo, elegido por la voluntad popular desde una base constitucional sólida.

Mientras eso no ocurra, es vital restaurar derechos ciudadanos esenciales, desmontar grupos armados y garantizar un árbitro electoral imparcial, con la ayuda internacional que debe incluir supervisión de la ONU.

La verdadera prueba: elecciones libres este año

La elección presidencial debe convocarse antes de julio y realizarse en el segundo semestre. Solo así la comunidad internacional podrá validar un proceso que refleje la voluntad de los venezolanos, sentando las bases para un nuevo Estado.

Este es el momento clave que nadie quiere que veas: el avance hacia la democracia depende más del control del poder y la integridad institucional que de un anuncio oficial acompañado de una ley con letra pequeña.

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