La supuesta amnistía que perpetúa la represión
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal alianza opositora en Venezuela, denuncia que la reciente ley de amnistía no detiene la persecución política; al contrario, la institucionaliza.
¿Qué ocurrió?
La Asamblea Nacional chavista aprobó una ley que ofrece amnistía solo para hechos específicos en un lapso fragmentado (1999-2026), excluyendo a numerosos presos políticos y civiles juzgados bajo leyes como la controvertida ley contra el odio.
Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano y voz clave en la PUD, advierte que esta ley es una trampa: libera a algunos, pero al mismo tiempo promueve nuevas detenciones, manteniendo intacta la lógica represiva del Estado.
Por qué cambia el escenario
- El artículo 8 limita el beneficio a casos muy concretos, dejando fuera a gran parte de la población perseguida.
- Los jueces encargados de aplicar la ley no son imparciales: muchos han actuado como verdugos en procesos políticos anteriores.
- La verificación de quién accede a la amnistía depende exclusivamente de estos mismos tribunales, que pueden negar arbitrariamente la liberación.
- Hay una discrepancia alarmante entre las cifras oficiales de excarcelaciones y las verificadas independientemente, lo que oscurece el alcance real de la medida.
Qué viene luego
Con esta ley, Venezuela no solo mantiene una persecución política activa, sino que la normaliza bajo un velo legal.
El riesgo es que siga la «puerta giratoria»: liberaciones puntuales que esconden una estrategia sistemática para contener y castigar a la disidencia.
Esto no es un avance ni un gesto democrático; es una estrategia para perpetuar el control político y la represión bajo una fachada legal.
¿Estamos frente a una amnistía o a una mascarada que legitima la injusticia en Venezuela?