La amnistía venezolana no es tan amplia como dicen
Más de 120 organizaciones venezolanas en el exilio alertan: la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional excluye a un número significativo de presos políticos, especialmente militares, y no garantiza verdad ni reparación.
¿Qué ocurrió?
La ley se presenta como «general y plena», pero deja fuera a al menos 181 presos políticos militares y decenas de civiles relacionados. En total, hay alrededor de 800 casos documentados, muchos sin cobertura legal.
Además, no protege explícitamente los derechos sindicales afectados y carece de mecanismos claros para esclarecer violaciones o preservar la memoria histórica.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Sin condiciones que exijan verdad, responsabilidad o reparación, esta ley podría perpetuar impunidad y dejar sin respuesta a quienes sufrieron graves violaciones. Tampoco asegura un retorno seguro para los exiliados, ni garantiza la restitución plena de derechos civiles o la eliminación de inhabilitaciones políticas, esenciales para la reconciliación real.
El texto abre espacios para que se siga criminalizando la disidencia, al no delimitar claramente la protección sobre libertad de expresión y protesta pacífica.
¿Qué viene después?
La Comisión Especial creada para supervisar la ley es política y administrativa, sin facultades para investigar o aplicar justicia. Esto deja un vacío estructural para la justicia transicional que Venezuela necesita.
El desafío ahora es que el gobierno adopte reformas urgentes y complementarias que incluyan a todas las víctimas, aseguren verdad, justicia y reparaciones, y permitan un retorno seguro y efectivo de los exiliados. Sin esto, la reconstrucción democrática seguirá siendo una promesa incumplida.