La Lagunita Country Club expulsa a joven autista: ¿castigo por defender derechos?

Expulsan a Jaime Cárdenas, joven con autismo, del Lagunita Country Club

La Lagunita Country Club decidió suspender por un año a Jaime Cárdenas y a su familia, prohibiéndoles el acceso a sus instalaciones, pese a que Cárdenas es miembro afiliado con derechos reconocidos.

Esta medida llega justo después de que la familia interpusiera un recurso de amparo para garantizar el ingreso de sus animales de terapia, fundamentales para el tratamiento de Jaime, quien padece trastorno del espectro autista.

¿Qué ocurrió realmente?

  • En septiembre de 2025, el club prohibió a Cárdenas el acceso a sus caballerizas junto con sus caballos miniatura, elementos clave para su terapia.
  • En noviembre, un juzgado constató violaciones a los derechos constitucionales de Jaime en las instalaciones del club.
  • En diciembre, el Tribunal Noveno Civil de Caracas reconoció el derecho de Jaime a ingresar con sus animales de asistencia, señalando que su exclusión podía causar daños irreparables.
  • A pesar de esta sentencia, el club llevó a cabo la suspensión y expulsión del joven y su familia.

¿Por qué este caso cambia el panorama?

Una asociación civil que debería respetar derechos y garantizar trato digno actúa como si estuviera por encima de la ley y la justicia. La expulsión parece una represalia directa por exigir que se reconozcan derechos fundamentales. Esto evidencia cómo ciertos sectores pueden usar su poder para evadir obligaciones legales y limitar el acceso, incluso de personas con condiciones especiales.

¿Qué sigue?

La denuncia formal ante el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad pone bajo la lupa institucional a la Lagunita Country Club. Esto podría derivar en sanciones y en una revisión exhaustiva de cómo se manejan los derechos dentro de asociaciones civiles exclusivas. Además, sienta un precedente importante sobre la responsabilidad de estas entidades frente a miembros con condiciones especiales, en contraste con prácticas que privilegian estatutos internos por encima de derechos reconocidos.

¿Están las asociaciones civiles realmente preparadas para respetar y adaptar sus normas frente a situaciones que requieren inclusión y protección legal? Este caso pone en evidencia que todavía falta mucho por hacer.

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