La decisión que paraliza el plan económico del gobierno
La Corte Constitucional dio un giro inesperado: suspendió temporalmente el decreto de emergencia económica que el gobierno colombiano activó hace apenas unas semanas. Un movimiento que pone en pausa una estrategia clave para las finanzas nacionales.
¿Qué pasó y qué significa?
El decreto 1390 de 2025, que declaró la emergencia económica y social, queda suspendido mientras la Corte evalúa su constitucionalidad. Esta norma, diseñada para recaudar cerca de 16,3 billones de pesos (más de 4.400 millones de dólares) y cubrir el presupuesto del próximo año, está ahora en la mira por posibles daños irreparables al país.
El contexto detrás de la medida
El Ejecutivo lanzó este estado de emergencia el 22 de diciembre después de que el Congreso rechazara su ambicioso plan de reforma tributaria. Sin ese respaldo, el gobierno buscó una vía exprés para asegurar recursos mediante nuevos impuestos o ajustes a los existentes.
Impuestos clave que estaban en marcha
- Aumento en el impuesto al patrimonio: antes aplicaba desde patrimonios de 3.600 millones de pesos; con el decreto, la base bajó a 2.000 millones y la tasa máxima subió hasta 5% para fortunas superiores a 100.000 millones.
- Incremento del impuesto de renta para entidades financieras, aumentando la sobretasa del 5% al 15%.
- Subida del IVA para licores (excepto la cerveza), del 5% al 19%.
Lo que podría pasar ahora
Mientras la Corte examina el fondo del asunto, el país enfrenta incertidumbre. La suspensión deja en pausa un plan que intentaba paliar una situación fiscal crítica y garantizar servicios esenciales. La pregunta queda abierta: ¿se mantendrá el decreto o se frenarían estos cambios tributarios impactantes?
Lo que está en juego no es sólo la recaudación, sino el camino económico que Colombia tomará para enfrentar el 2026. El desenlace definirá si el gobierno podrá o no avanzar con esta política extraordinaria.