La estrategia brutal del régimen: familias de militares convertidas en rehenes judiciales

¿Por qué el régimen chavista arresta a familiares y no solo a militares?

En Venezuela, la persecución política no se limita a oficiales disidentes: sus familias son víctimas directas de un sistema represivo diseñado para quebrar a militares desde sus cimientos.

Desde la aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en febrero de 2026, el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez habla de reconciliación y excarcelaciones selectivas. Sin embargo, hay un agujero negro invisible: más de 215 familiares de presos militares siguen en prisión, marginados de cualquier beneficio legal. Representan casi el 43% de la población carcelaria relacionada con casos militares, con un total de 503 detenidos.

El método: criminalización por afecto, una táctica repetida en la historia totalitaria

El régimen aplica una repetición cruel y calculada de una vieja herramienta represiva llamada Sippenhaft: la judicialización y encarcelamiento de familiares para coaccionar, extorsionar y castigar a militares disidentes. Technique usada por nazis y estalinistas para castigar a familias enteras, hoy reaparece en un «Sippenhaft tropical» que vulnera la Constitución venezolana y el derecho internacional.

  • Coacción: forzar la entrega de militares en el exilio.
  • Extorsión procesal: lograr confesiones o denuncias bajo presión.
  • Castigo ejemplar: someter a familias enteras para romper la moral de las Fuerzas Armadas.

Casos como el de las hermanas Hernández Castillo, detenidas sin orden judicial y acusadas de delitos ajenos a ellas, muestran una persecución que no se detiene ante menores de edad o embarazadas.

Violación sistemática de derechos y leyes que el régimen ignora

La Constitución venezolana y normativas penales protegen a familiares de cargos injustificados y prohíben declarar contra parientes cercanos. Pero en la práctica, estos derechos han sido anulados. Detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, y procesos judiciales fabricados son la regla para estas familias.

Esto cambia el juego: el régimen usa a familiares como peones para controlar a la FAN

El mensaje es claro para las filas militares: la lealtad no se negocia solo con el oficial rebelde, sino con todo su entorno. Esta modalidad intensifica la segregación y el miedo dentro de la Fuerza Armada Nacional, paralizando posibles disidencias.

Los funcionarios a cargo de esta estrategia no ocultan su cálculo: mantener a familiares presos es mantener una presión constante sobre los descontentos dentro de las filas, controlando cualquier brote de independencia o rebelión.

¿Qué sigue?

Hasta ahora, el gobierno interino no solo no ha revertido esta práctica, sino que la mantiene al margen de la Ley de Amnistía. A menos que haya un cambio profundo, esta modalidad seguirá operando como un sistema clandestino de terror y coerción.

La comunidad internacional debe centrar la atención en esta represión silenciada. Porque detrás de las cifras oficiales y anuncios de excarcelación, sigue vigente un patrón judicial que convierte a familias inocentes en rehenes políticos. La pregunta queda: ¿hasta cuándo la fanfarria política ocultará esta realidad?

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