¿La designación del fiscal y defensor del pueblo respeta la voz real de la mayoría?
¿Se está escuchando al país o solo a grupos políticos?
Tarek William Saab y Larry Devoe, figuras al frente de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, están en el centro de un debate que va más allá de nombres: es sobre quién decide realmente.
Las recientes designaciones deberían ser un paso firme para defender los derechos ciudadanos y fortalecer el Estado de derecho. Pero la pregunta clave es: ¿responden a la mayoría silenciosa o a acuerdos políticos que mantienen el statu quo?
La verdadera apuesta
Esta elección debe ir más allá de pactos entre élites. Los nuevos fiscales y defensores del pueblo tienen el deber de actuar con independencia, garantía imprescindible para proteger derechos fundamentales y evitar influencias que limiten la participación ciudadana y la seguridad jurídica.
Lo que está en juego
- ¿Garantizarán el respeto al derecho a expresión y oposición sin censuras?
- ¿Protegerán la propiedad privada y la seguridad jurídica frente a decisiones arbitrarias?
- ¿Servirán realmente a la mayoría silenciosa que exige espacios reales de participación y control?
La sociedad civil insiste: estas designaciones son más que cargos, son una prueba de que las instituciones escuchan o ignoran a su gente. De no ser así, el deterioro institucional y la desconfianza crecerán.
Qué puede venir
Si lo que prevalece es la agenda política sobre la voluntad ciudadana, el Estado de derecho sufrirá un retroceso. Sin independencia real en la fiscalía y la defensoría, las garantías y derechos esenciales quedarán al margen, profundizando la crisis de las instituciones y abriendo la puerta a más control desde el poder y menos protección para la gente.