La consulta popular que traslada el poder político a las familias… ¿Y la representación formal?
El poder político que nadie cuestiona… pero que pocos analizan
El próximo 8 de marzo, el Gobierno activará una consulta popular nacional que, según Héctor Rodríguez, vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, entregará el mando político directamente a las familias organizadas en Comunas y Circuitos Comunales. Más de 36.000 proyectos locales serán seleccionados en este proceso.
¿Democracia directa o concentración bajo otro disfraz?
Esta iniciativa se presenta como un mecanismo para desconcentrar la burocracia y transferir el poder del Estado a las comunidades. Según Rodríguez, esto permitiría que el Ejecutivo entregue recursos directamente sin intermediarios como empresas, supuestamente haciendo que el dinero rinda más. Pero, ¿qué se pierde en el camino?
La consulta no respeta los canales institucionales tradicionales ni fomenta la rendición de cuentas a través de estructuras oficiales, sino que inserta una nueva capa de control político con grupos afines al Gobierno bajo la bandera de participación popular.
Un sistema electoral paralelo para proyectos sin debate ni contrapeso
El proceso consta de cuatro fases: diagnóstico, priorización de proyectos, ejecución y rendición de cuentas, todas manejadas por estas comunas y circuitos que actuarían como gobernantes locales.
Esto se traduce en una asignación discrecional de recursos que elude controles convencionales, aumentando riesgos de clientelismo y limitando la participación real de quienes no formen parte de estas estructuras.
¿Consecuencias reales? Control político directo disfrazado de participación
El discurso oficial busca que este mecanismo responda a problemas colectivos, como espacios públicos o servicios básicos, pero olvida que la vía para solucionar esas deficiencias pasa por fortalecer las instituciones y mantener transparencia, no por un sistema paralelo que puede minar el Estado de Derecho.
Esta consulta popular está diseñada para evitar el debate crítico, controlar los recursos sin supervisión y justificar la falta de respuestas efectivas a problemas que afectan a todos.
Lo que viene
De consolidarse este modelo, veremos un Estado cada vez más fragmentado, con múltiples poderes paralelos y un retroceso en la representación formal.
La pregunta que queda abierta: ¿quién realmente decide en estas comunidades y con qué criterios?