La comunicación prohibida que expone la crisis real de los presos políticos en Venezuela

Una voz que casi se escucha desde la cárcel

Cada noche, familiares de presos políticos en la prisión El Rodeo I sortean la prohibición oficial y suben un cerro cercano para gritarle a sus seres queridos desde la distancia. Sin contacto visual, sin flexibilidad en las visitas, solo voces que intentan romper el aislamiento impuesto.

¿Qué está pasando dentro y fuera de El Rodeo I?

Las visitas presenciales están limitadas a quince minutos semanales, tras un vidrio que asegura la desconexión total. La vegetación y las barreras físicas obligan a estos encuentros a ser solo un intercambio de frases breves, luces de velas y consignas. El llamado inicial “Oído” es respuesta a la confirmación de que aún hay vida y resistencia dentro del penal.

Los presos exigen «libertad de todos los secuestrados» y denuncian la violación sistemática de sus derechos. Al mismo tiempo, recuerdan que la amnistía aprobada por la Asamblea Nacional no ha servido para cambiar radicalmente su situación. Las cifras oficiales que hablan de miles de liberados quedan opacadas por el silencio sobre los 568 que aún permanecen bajo custodia, muchos sin acceso a información ni visitas.

Una huelga de hambre que no quieren visibilizar

Los internos iniciaron hace días una huelga de hambre para presionar por su excarcelación. Dentro de este grupo también hay ciudadanos extranjeros, como el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024, cuya situación complica aún más las relaciones internacionales.

Desde las celdas se enviaron mensajes para las cancillerías de Colombia, Argentina, Ecuador, Francia, Cuba, España y otros países, pidiendo presencia y apoyo. También exigieron que organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la ONU puedan entrar y verificar el estado real de los presos, un llamado ignorado por la agenda oficial.

¿Qué supone este silencio oficial?

  • Una estrategia para ocultar la pérdida de control social real detrás de discursos de amnistía y normalización.
  • El mantenimiento de un sistema represivo que aprovecha la burocracia para prolongar detenciones sin transparencia.
  • El desgaste institucional y político derivado de no atender las demandas mínimas de derechos humanos y legalidad.
  • El aumento del riesgo de conflictos mayores dentro y fuera de las prisiones por la falta de respuesta efectiva.

La pregunta que nadie quiere responder

Si la liberación masiva es un mandato oficial ¿por qué siguen presos cientos de ciudadanos políticos y extranjeros sin razón clara? ¿Cuánto tiempo más se sostendrá esta situación a costa del desgaste institucional y la crisis política?

Mientras tanto, este ritual silencioso rompe la narrativa oficial y expone lo que no se quiere contar: el control absoluto sobre estas vidas y la importancia de la familia como último recurso para sobrevivir en un sistema que no garantiza legalidad ni justicia.

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