La comuna con más votos en Lara impone inversión en agua: ¿poder real o control político?
Comunas en Lara dictan inversión clave en agua potable
La comuna «Diego Rodríguez», ubicada en el municipio Jiménez de Lara, logró el mayor porcentaje de participación electoral en la reciente Consulta Popular Nacional del 8 de marzo de 2026. Como premio, aseguró la ejecución del proyecto «Sustitución y ampliación del sistema de acueducto» para fortalecer el suministro de agua en la comunidad.
La diputada Iris Varela, junto con autoridades regionales, visitaron el área para felicitar a los comuneros, resaltando este mecanismo como una forma de «transferencia de poder al pueblo». Sin embargo, este poder local es guiado y supervisado bajo la agenda política del presidente Nicolás Maduro, quien impulsa las denominadas siete transformaciones hacia 2030.
¿Qué implica este modelo para Lara?
En la lista de proyectos priorizados, predominan las iniciativas directamente alineadas con el plan gubernamental: redes eléctricas, acueductos, y sistemas de servicios comunitarios bajo la gestión comunal. Este enfoque fue presentado como un triunfo del «poder popular», pero en la práctica concentra recursos y decisiones en estructuras afines al gobierno.
Comunidades como «Las Tinajitas», en Barquisimeto, también reciben proyectos de rehabilitación bajo la bandera de la participación protagónica. Los líderes enfatizan que el pueblo es el «mejor administrador». ¿Pero qué margen queda para la supervisión independiente o la participación plural cuando los votos y recursos se canalizan dentro de un solo esquema político?
Lo que viene: fortalecimiento del control con etiqueta social
El avance de estas comunas no solo implica inversión en infraestructura, también sienta las bases para un control político territorial más firme, con lealtades construidas en proyección de poder. La Asamblea Nacional y los gobernadores alineados siguen promoviendo este modelo como la mejor vía para resolver problemas de fondo.
Queda por ver si estas iniciativas mejoran efectivamente la calidad de vida o sólo consolidan un esquema político cerrado que utiliza la participación popular para legitimar decisiones previamente definidas. La verdadera cuestión: ¿a quién benefician estas inversiones a largo plazo?