Una amnistía sin verdad ni justicia
La ley de amnistía aprobada en febrero por el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, no busca solucionar la crisis, sino que sirve para que el mismo Estado se perdone las violaciones cometidas. Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, lo resume sin rodeos: esta norma es un mecanismo para evadir responsabilidades, no un proceso serio de reparación.
¿Qué dice la norma y qué oculta?
Abarca hechos entre 1999 y 2026, pero en la práctica solo perdona 13 incidentes específicos. No se ha establecido un verdadero proceso para esclarecer la verdad, ni para evitar que estos actos se repitan. Al contrario, la ley impone que las familias de las víctimas deban suplicar por liberaciones sin tener garantía alguna de justicia o seguridad para el futuro.
Esto implica que la amnistía simula justicia, pero facilita que el aparato estatal siga decidiendo arbitrariamente quién queda libre y quién no. Solo 690 personas han sido realmente liberadas tras procesos judiciales claramente manipulados, mientras el resto sobrevive en regímenes de presentación o permanece en prisión sin esclarecimiento público ni transparencia.
El daño a instituciones y al futuro del país
Esta ley refuerza un perverso círculo de impunidad. El Estado ni siquiera tiene un listado claro de presos políticos, lo que imposibilita la supervisión internacional y la verificación independiente.
Además, esta amnistía se inscribe en el contexto de negociaciones con actores internacionales, donde el interés principal es asegurar inversiones y renegociar sanciones. Sin embargo, no se prioriza la seguridad jurídica real ni la reconstrucción institucional. El poder ejecutivo concentra la capacidad de decidir la libertad de las personas sin contrapesos ni transparencia.
¿Qué riesgo real enfrentan los venezolanos?
La maquinaria estatal de represión sigue funcionando de manera arbitraria. Muchos presos son víctimas de extorsiones locales, decisiones caprichosas de funcionarios, alcaldes y gobernadores, evidenciando un colapso institucional aún no superado.
Mientras tanto, la sociedad civil está marginada de las negociaciones que definirán el rumbo del país. Ignorar su participación significa condenar a Venezuela a reproducir los mismos patrones autoritarios y rupturas institucionales que provocaron su desplome.
Sin verdad ni justicia no habrá futuro
La salida pasa por recuperar la separación de poderes, garantizar la libertad de expresión y construir una agenda de derechos humanos inclusiva y efectiva. Solo así se podrá dar seguridad jurídica a los emprendedores y a la sociedad en general, creando las condiciones para una Venezuela estable y próspera, acorde con su potencial real.
Esta amnistía es, por ahora, un cheque en blanco para perpetuar la impunidad y el autoritarismo. Sin cuestionar este proceso, estamos condenados a repetir la tragedia.