Justicia en Yaracuy: Cómo la ley se quebranta y caen inocentes
¿Qué sucede cuando la justicia se convierte en persecución?
Rubén Antonio Garrido Salazar, de 83 años, y su hijo, Jourdans Alexander Garrido Naim, enfrentan un juicio marcado por vicios legales y abusos fiscales que ponen en jaque el respeto a la norma en Venezuela.
Un proceso torcido desde el inicio
En Yaracuy, un expediente que debía ser una simple disputa civil se transformó en una causa penal con graves irregularidades. Fiscales del Ministerio Público, bajo sospecha de corrupción, impulsaron cargos que violan el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal, que prohíbe privar de libertad preventiva a mayores de 70 años.
El intento de encarcelar a un octogenario ignora una ley clara. Pero no se trata solo de esto: el núcleo de la acusación, que gira en torno a una supuesta invasión, ignora pruebas judiciales civiles anteriores que acreditan la propiedad de los Garrido. El Ministerio Público incumplió su deber y omitió el análisis previo previsto en el artículo 35 del COPP, indispensable para valorar la prejudicialidad civil.
¿Justicia o instrumento de persecución política?
Las acusaciones de uso de documentos falsos carecen de respaldo probatorio, basadas en suposiciones sin una declaración judicial de falsedad. La fiscalía sostuvo la acusación sin pruebas técnicas concluyentes, en un contexto donde fiscales implicados en corrupción usaron el poder para imponer intereses propios.
La influencia política se hace notar a través de exfuncionarios regionales cercanos al caso. El proceso muestra cómo la justicia puede ser secuestrada para aplastar derechos y manipular el sistema a favor de ciertos grupos de poder.
¿Qué está en juego?
- El respeto a la ley y a un debido proceso, garantizado en textos legales, es vulnerado sin reparo.
- Un anciano es tratado como delincuente, señal de un sistema legal en ruinas.
- El riesgo de que estas prácticas se conviertan en norma, destruyendo la confianza institucional.
Claves para lo que viene
Es urgente que las instancias superiores revisen el caso, reconozcan las fallas legales y resguarden la libertad y derechos vulnerados. Si se permite que este expediente avance así, estaremos ante un precedente peligroso donde la justicia pierde su esencia y se convierte en herramienta de intereses ajenos a la ley y la equidad.
¿Seguiremos confiando en un sistema que sacrifica la legalidad por componendas políticas?