Jueza revoca protección clave y sacude control en Central Azucarero Río Turbio
La jueza da marcha atrás y complica la estabilidad en Río Turbio
El Tribunal Primero Agrario de Lara anuló una medida que protegía la actividad productiva del Central Azucarero Río Turbio, en un movimiento que no sólo revierte decisiones previas, sino que pone en jaque una alianza estratégica entre el Estado y capital privado.
¿Qué ocurrió?
El 23 de enero de 2026, la jueza Ninfa Hernández emitió una orden prohibiendo cualquier acción que afectara la operación agroindustrial del central azucarero tras una solicitud de la empresa privada Empaquetadora Las Nieves C.A., aliada al Estado para reactivar la planta abandonada desde 2019.
Sólo tres días después, el 26 de enero, Hernández revocó esa misma medida, eliminando cualquier protección judicial y dejando a la nueva Junta Administradora Especial, designada sin consenso, libertad para actuar sin restricciones.
¿Por qué importa?
Esta reversión judicial obedece a un argumento genérico sobre el derecho a la defensa, pero en la práctica refleja el impacto de decisiones administrativas contradictorias del Ministerio del Trabajo, que han interferido directamente en la operatividad y acuerdos privados-estatales.
La medida revocada era clave para que Empaquetadora Las Nieves pudiese operar sin interferencias, pero la imposición de una nueva junta sin diálogo ni coordinación ha generado conflicto y paralización, afectando el sector agroindustrial y la producción nacional de azúcar.
Lo que viene
Con el Tribunal dando bandazos y la intervención estatal descoordinada, la producción en Río Turbio queda vulnerable a bloqueos y retrasos. Esto puede derivar en un daño económico de gran escala, pérdida de empleos y un escenario de incertidumbre institucional que aumenta la fragilidad del sector.
La pregunta que queda: ¿Se prioriza la estabilidad productiva o se permite que las disputas políticas y judiciales destruyan uno de los motores industriales nacionales?