Jorge Roig ataca prestaciones sociales: ¿El fin del derecho laboral en Venezuela?
¿El próximo paso para eliminar las prestaciones sociales?
Jorge Roig, representante de Fedecámaras ante la OIT, vuelve a la carga con su propuesta para acabar con las prestaciones sociales, una conquista histórica de los trabajadores venezolanos.
Las prestaciones sociales no son un regalo ni una opción para negociar. Son una protección fundamental surgida durante la transición democrática de los años 30 y reforzada en la bonanza petrolera con Carlos Andrés Pérez. Se consolidaron como un derecho laboral irrenunciable, diseñado para garantizar un retiro digno y evitar la precarización laboral.
¿Por qué este ataque pone en riesgo más que prestaciones?
El escenario cambia radicalmente cuando quienes representan a sectores empresariales sugieren desmontar esta protección. La realidad es que los mayores daños económicos no provienen de estas obligaciones, sino de la evasión sistemática por parte de empleadores que recurren al cambio constante de denominaciones legales, despidos injustificados y reciclaje de personal para evitar pagar lo justo.
Además, las prestaciones en el sector público están devaluadas o directamente no se pagan, afectando a miles de trabajadores que ven cómo lo que les corresponde desaparece ante ajustes monetarios y políticas oficiales.
¿Qué consecuencias reales trae este debate?
- Si este planteamiento prospera, se abrirá la puerta a la vulneración total de derechos laborales básicos, poniendo en riesgo la estabilidad del trabajador y su dignidad.
- Convertir al trabajador en un recurso desechable sin compensación final desestimula la fuerza laboral, vital para empresas y administración pública.
- Tras años de pérdidas y salarios bajos, la amenaza de eliminar prestaciones socava cualquier posibilidad de mejorar la calidad de vida de millones y aumenta el riesgo de crisis social y económica.
¿Qué viene después?
Si no hay una defensa clara y firme del marco constitucional laboral, esta es la antesala para plantear su desmantelamiento total. El debate sobre salarios y pensiones debe ir acompañado de la protección plena de derechos adquiridos, no de su eliminación.
Partiendo de la Constitución, los trabajadores están amparados. Pero la presión de ciertos sectores empresariales apunta a debilitar ese amparo para priorizar la reducción de costos a costa del bienestar y la legalidad.
¿Estamos ante una nueva ofensiva para romper los cimientos de la estabilidad laboral? La respuesta debe ser firme: ni un paso atrás en las prestaciones sociales ni en la defensa de los derechos del trabajador venezolano.