Incendios forestales en Venezuela: una crisis mal gestionada y en aumento
¿Control real o simplemente cifras maquilladas en incendio de Tazón?
El incendio forestal en Tazón fue declarado controlado, pero lo que no cuentan es que Venezuela acumula 1.323 incendios este año, cerca de los casi 2.000 del año pasado, con una devastación que sigue creciendo.
Lo que no se dice sobre este desastre ambiental
Las autoridades destacan la participación de bomberos y voluntarios, pero ¿por qué la cifra de hectáreas devastadas en 2026 ya supera las 13.866, superando incluso el registro de 2025? Este aumento evidencia una gestión insuficiente en prevención y control, además de la falta de responsabilidad ciudadana, pues el 99 % de estos incendios tienen causa humana.
Una tragedia ambiental con impacto directo en la seguridad y economía del país
La destrucción de bosques y cuencas hidrográficas no es un asunto abstracto. Afecta la estabilidad del suelo, el acceso al agua y aumenta los riesgos para comunidades cercanas. La pérdida ambiental se traduce en más pobreza y menos recursos para Venezuela.
- El pico del período seco coincide con el aumento de incendios, y las alertas por fenómenos climáticos más intensos no bastan.
- La responsabilidad debería ser transversal, pero el llamado a la corresponsabilidad también parece un mecanismo para diluir compromisos.
- Mientras tanto, la «vocación de servicio» de bomberos y voluntarios apenas alcanza para contener emergencias, no para evitar la crisis estructural.
¿Qué viene ahora? Más quemas y pérdidas ambientales
Con el fenómeno del equinoccio y temperaturas récord, Venezuela está frente a una temporada crítica sin estrategias claras de prevención ni sanciones efectivas sobre los responsables.
El discurso institucional insiste en «El fuego no es juego», pero la realidad es que la agenda política detrás del manejo ambiental no está a la altura del desafío. La pandemia de incendios no solo dañará ecosistemas, sino que compromete la legalidad, la seguridad territorial y la economía local.
¿Cuándo asumirá el Estado el control real de esta emergencia que ya no es solo ambiental, sino institucional?