Hermanos De Grazia: Detención Ilegal Que Pone en Jaque la Justicia en Venezuela
Detención ilegal perpetuada pese a órdenes claras de excarcelación
Los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárez, ciudadanos ítalo-venezolanos, siguen privados de libertad en el Centro Penitenciario El Rodeo I pese a contar con boletas de excarcelación emitidas por tribunales competentes desde el 16 de marzo de 2026.
Abogados Rafael Badell Madrid, Daniel Badell Porras y Carlos Sotillo Santaniello denunciaron formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la prolongada detención arbitraria, por cuenta de una evidente omisión por parte de las autoridades venezolanas.
¿Por qué esta acción judicial no se respeta?
El Juzgado Especial Segundo de Primera Instancia ordenó una detención domiciliaria, medida sustitutiva a la privación de libertad, tras petición del Ministerio Público. Sin embargo, la administración penitenciaria y el Ministerio de Servicios Penitenciarios ignoran esta directiva.
Este incumplimiento contradice el artículo 44 de la Constitución venezolana, que prohíbe mantener detenido a alguien tras su excarcelación. El caso revela un bochorno institucional: la justicia pierde frente a intereses internos de carácter militar o político.
Implicaciones para la seguridad jurídica y el Estado de derecho
El abogado Rafael Badell alertó sobre la crisis institucional que genera que un juez emita una orden y que esta sea incumplida por un funcionario militar. Esto mina la independencia judicial y abre la puerta a detenciones arbitrarias sin control real.
En paralelo, los hermanos De Grazia han sido privados de todos sus bienes mediante procesos cuestionables, que forman parte de un patrón dirigido a empresarios venezolanos detenido sin juicio justo y desposeídos de sus activos.
¿Qué puede pasar ahora?
- La CIDH fue solicitada para exigir el cumplimiento inmediato de excarcelación y monitorear el caso.
- La crisis institucional abierta podría escalar si otras órdenes judiciales se vuelven papel mojado.
- La comunidad internacional, incluyendo el Senado de Italia, exige protección consular y condiciones dignas para estos presos políticos.
Este no es un caso aislado. Es una luz roja que advierte sobre un sistema judicial que falla, poniendo en riesgo pilares básicos como la legalidad, la seguridad jurídica y los derechos fundamentales.