Gobierno impulsa control institucional sobre juntas de condominio: ¿qué esconden?
El poder estatal avanza sobre juntas de condominio
El Programa de Paz y Convivencia Democrática oficializa un mecanismo para controlar y fortalecer juntas de condominio y asociaciones vecinales en todo el país.
De forma directa, buscan integrar 120.000 condominios y 15.000 asociaciones a una ruta institucional que incluye desde registros digitales hasta formación judicial dirigida a jueces de paz.
¿Qué cambió?
- El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) habilitó el sellado digital de libros de condominio, oficializando actas y registros contables bajo supervisión estatal.
- Instalan mesas técnicas con el Seniat para revisar el régimen fiscal de estas organizaciones, un paso que apunta a un control financiero más estricto.
- El Tribunal Supremo de Justicia, en alianza con plataformas digitales externas, llevará formación especial a jueces de paz para intervenir en conflictos vecinales.
- Se planea un fondo de financiamiento, manejado bajo criterios estatales, que condicionará los recursos para mantenimiento y servicios comunitarios.
¿Por qué importa?
Lo que se presenta como fortalecimiento es un claro avance institucional que reduce la independencia de las juntas y asociaciones. Pasan de ser grupos autónomos a sujetos bajo una burocracia controlada por el Estado, con intervención directa en seguridad jurídica, finanzas y resolución de conflictos.
¿Qué sigue?
El Gobierno apunta a un censo nacional para mapear estas organizaciones, comenzando en Aragua, y a involucrar programas sociales con agendas políticas en la gestión vecinal, como la Misión Nevado para atención de mascotas.
El mensaje es claro: las juntas de condominio dejarán de ser espacios positivos de autogestión para convertirse en piezas de un sistema centralizado con control político y administrativo.