¿Por qué el Estado se niega a devolver bienes incautados sin delito comprobado?
El venezolano Julio José Jiménez reclama públicamente el retorno inmediato de un vehículo, equipo de sonido y tarima, confiscados arbitrariamente en julio de 2024. Estos bienes fueron clave para el cierre de campaña presidencial del opositor Edmundo González Urrutia en Barinas.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) decomisó estos equipos y los entregó a la Fiscalía Segunda de Barinas, que los trasladó a Caracas, ignorando la determinación del Tribunal Tercero local: no existió delito y deben ser restituidos ya.
Esta negativa cambia el escenario político
El fracaso del Estado para cumplir con una orden judicial muestra el uso político y represivo de instituciones que deberían garantizar legalidad y seguridad. No se trata solo de equipos, sino de un evidente bloqueo a la oposición mayoritaria que, durante las presidenciales de julio 2024, ha enfrentado incautaciones, multas y obstáculos constantes.
El caso de Jiménez confirma una estrategia coordinada para asfixiar los recursos y derechos básicos del sector que apuesta por cambiar el poder vigente.
¿Qué sigue tras esta clara violación institucional?
- Más indefensión legal para sectores opositores en su labor política.
- Refuerzo en la percepción de que instituciones del Estado actúan bajo una agenda política y no conforme a la ley.
- Posible intensificación de conflictos legales y tensiones en un ambiente electoral ya contaminado por la persecución.
La comunidad internacional y los ciudadanos deben exigir respeto a las instituciones y a la ley, porque permitir estas acciones mina la confianza en las normas que sostienen cualquier democracia.