Gobernadores demócratas fuerzan a Trump a responder por aranceles impopulares
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, exigió 9.000 millones de dólares a Donald Trump como reembolso por los aranceles impuestos bajo argumentos ya declarados ilegales por la Corte Suprema.
La Corte dictaminó que Trump excedió su autoridad al imponer tarifas usando poderes de emergencia, alterando el comercio global y encareciendo productos básicos dentro de EE.UU.
Pritzker responsabiliza a Trump por el aumento del costo en alimentos y daños a agricultores, pidiendo $1.700 por cada familia estatal y amenazando con acciones legales si no hay compensación.
No está solo: el gobernador de California, Gavin Newsom, también exige que Trump devuelva lo cobrado, calificando estos aranceles como una apropiación ilegal que golpeó directamente al consumidor.
¿Por qué esto cambia el juego político y económico?
Un estudio indica que los reclamos podrían superar los 175.000 millones de dólares. La decisión de la Corte Suprema pone en jaque la capacidad del Ejecutivo para imponer aranceles sin respaldo legal sólido, y muestra una fisura clara entre poderes y manejo económico.
Trump calificó la sentencia como una traición a los intereses nacionales e insinuó que la disputa judicial se extenderá años, incertidumbre que paraliza decisiones comerciales y afecta cadenas productivas.
Lo que viene
En respuesta, Trump anunció un nuevo arancel general del 10%, que entrará en vigor en 150 días, escalando un conflicto comercial interno que golpeará a los consumidores y empresas.
La exigencia de reembolsos y la imposición de nuevos aranceles genera dudas sobre la estabilidad económica, el respeto a las instituciones y el futuro del comercio estadounidense.
¿Estamos ante una crisis legal que podría desgastar la autoridad presidencial y la confianza económica al mismo tiempo?