Gobernadora niega privatización y lanza control estricto en costas de Aragua
Las costas no se venden, pero serán reguladas como nunca
La gobernadora Joana Sánchez rompió el silencio sobre la supuesta privatización de las playas en Aragua. No habrá venta ni concesiones, aseguró. Sin embargo, anunció la creación de una Ley de Convivencia Estadal que impondrá normas estrictas para el uso y vigilancia de las costas.
¿Qué está pasando en realidad?
La nueva ley busca dar un marco legal para que la Alcaldía de Costa de Oro establezca ordenanzas que controlen el acceso y comportamiento en las playas. Mientras tanto, la Gobernación está ejecutando un amplio plan de rehabilitación en Ocumare, Choroní, Chuao y Puerto Maya, enfocado en infraestructura vial y mejora de servicios.
Esto cambia el escenario turístico y social
No es una privatización directa, pero sí un aumento significativo de regulación y control estatal sobre los espacios públicos de Aragua. La estrategia apunta a transformar estos sitios en zonas con vigilancia reforzada y servicios regulados, lo que puede limitar actividades y accesos tradicionales.
¿Qué viene después?
Con la Ley de Convivencia y el plan integral en marcha, el turismo en Aragua estará cada vez más vigilado bajo una agenda política centralizada. Podría abrirse paso a nuevos mecanismos de autorización y sanción, afectando a prestadores y visitantes. La llamada a un «turismo responsable» suena a pretexto para una mayor regulación que no todos están preparados para enfrentar.