Fiscal Saab impulsa ley de amnistía que podría socavar la justicia en Venezuela
¿Una ley para asegurar la paz o para borrar responsabilidades?
El Fiscal General, Tarek William Saab, anunció su respaldo total a un ambicioso proyecto de ley de amnistía promovido por el gobierno de Delcy Rodríguez. La iniciativa pretende eximir de responsabilidad penal a quienes participaron en actos violentos desde los últimos 25 años en Venezuela.
El proyecto y sus implicaciones
Saab celebró el esfuerzo como un “gesto de concordancia y reconciliación”, abriendo la puerta para que sectores involucrados en golpes de Estado, paros petroleros e insurrecciones violentas recuperen libertad sin enfrentar la justicia.
Entre los beneficiarios directos se encuentran participantes de eventos con muertes y heridos, incluso en protestas postelectorales de 2024 que dejaron saldo trágico.
Un precedente peligroso que otros gobiernos ignoraron
El Fiscal recordó que en los años 60, gobiernos democráticos enfrentaron terrorismo de Estado con detenidos militares, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos —pero nunca impusieron amnistías. El resultado fue una generación perdida, severos daños institucionales y ausencia de reparación para las víctimas.
La pregunta clave: ¿por qué ahora, después de décadas de violencia y sin reparación, se busca otorgar amnistía?
¿Qué oculta esta ley?
Más allá de la versión oficial, esta ley plantea riesgos enormes: socava la legalidad, debilita la responsabilidad penal y envía un mensaje de impunidad a futuros actores violentos. Además, blinda a quienes atentan contra las instituciones y favorece la cultura de la violencia política.
¿Qué viene después?
- Si se aprueba, se podría abrir un precedente para perdonar otros delitos graves con argumentos políticos.
- La percepción ciudadana sobre la justicia se deteriorará, afectando la confianza en las instituciones.
- Se sentará un mal precedente que dificulta la construcción de un Estado basado en normas claras y no en negociaciones políticas.
Mientras tanto, el Ministerio Público reporta más de 4.8 millones de personas atendidas, pero no explica cómo se asegura justicia efectiva cuando se proponen amnistías para delitos graves.
Este no es un simple paso hacia la paz. Es una decisión que puede definir la credibilidad del sistema judicial y la estabilidad real del país.