90 días de vigilia sin respuesta en Venezuela
Familias venezolanas llevan tres meses a las puertas de cárceles, clamando por la liberación de sus parientes presos políticos. Una espera que no solo desgasta, sino que revela grietas en un sistema judicial que sigue aplazando lo inevitable.
¿Qué pasó?
Desde enero, el presidente del Parlamento prometió un «número importante» de excarcelaciones. Luego llegó una Ley de Amnistía con restricciones sorpresivas: excluye a quienes enfrentan cargos más graves como corrupción o violaciones de derechos humanos, mientras delimita años específicos para aplicar beneficios, dejando fuera gran parte de los detenidos.
¿Por qué esto cambia el escenario?
La ley parece diseñada para dividir y limitar más que para liberar. Mientras se anuncian miles de excarcelaciones, se mantienen casi 500 detenidos políticos, según cifras oficiales a marzo, sin claridad sobre quiénes son y por qué permanecen presos. Las familias, en cambio, son las que pagan el costo real: la incertidumbre no solo afecta personas, sino también la imagen y el funcionamiento de las instituciones y la gobernabilidad del país.
¿Qué viene después?
El panorama no augura cambios inmediatos. Si la ley sigue con exclusiones arbitrarias y sin transparencia, la situación podría profundizar la crisis institucional y el descontento social. La justicia no puede ser a medias. La vigilia continúa, pero la pregunta persiste: ¿cuánto más seguirá postergada la libertad real para los presos políticos en Venezuela?