Exprocurador Hernández: El silencio que oculta la verdad sobre la defensa de activos venezolanos
El expediente habla: la carta no basta
José Ignacio Hernández, exprocurador especial del gobierno interino, respondió con una carta elegante pero incompleta a las denuncias sobre su gestión. Pero cuando sus propias palabras bajo juramento y un informe oficial contrastan con su versión, el silencio se convierte en la respuesta que más preocupa.
¿Transparencia o encubrimiento?
Hernández afirma haberse inhibido del caso Crystallex un mes después de su nombramiento y dice que difundió toda la información desde entonces. ¿Por qué entonces no consta ninguna inhibición formal en los expedientes judiciales? ¿Por qué demoró cinco meses en reportarlo oficialmente? En litigios que mueven miles de millones, un mes no es un margen menor; es una eternidad jurídica que puede definir resultados.
Un conflicto sistemático disfrazado de inocencia
Crystallex no fue el único. Hernández también fue testigo experto para Owens-Illinois, otra empresa litigante contra Venezuela, recibiendo pagos directos por su asesoría, algo que niega con medias verdades. Este patrón recurrente de conflictos de interés bajo su gestión no es casualidad sino parte de un diseño institucional defectuoso.
El informe oficial que no puede ignorarse
En 2023, su sucesor Enrique Sánchez Falcón presentó un informe demoledor: casi 10 millones en deudas a firmas legales durante la gestión de Hernández quedaron sin procesar, sin registrar y sin explicación. Más grave aún, no existía un protocolo para gestionar conflictos de interés, que sólo se estableció meses después de que Hernández abandonara el cargo.
Lo que la ley exige y Hernández no cumplió
La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos es clara: la inhibición debe constar en el expediente y notificarse formalmente. Eso no ocurrió. La supuesta inhibición de Hernández fue un acto interno sin validez jurídica. Mientras, PDV Holding, empresa vinculada al interinato, coordinaba casos en los que Hernández se declaró inhibido, un conflicto flagrante sin regulación ni supervisión.
Audiencia legislativa: diputados ignoraban conflictos
En junio de 2019, los diputados responsables de supervisar la Procuraduría declararon bajo juramento no conocer los vínculos de Hernández con Crystallex y otros litigios. Si la transparencia fue tan amplia como él hoy asegura, ¿por qué el comité clave no estaba informado? Esa discordancia no es un error menor: cuestiona toda la narrativa de apertura y rendición de cuentas.
Silencio ante la denuncia formal en EE.UU.
Ante la denuncia presentada al Departamento de Justicia de EE.UU. en 2019 por este columnista sobre conflictos y falta de transparencia, Hernández eligió no responder. No negó, no aclaró, no enfrentó la acusación en la instancia con poder real para investigar. Ese mutismo pesa sobremanera cuando la integridad se proclama como bandera.
La controversia de la metadata: documento clave bajo sospecha
La supuesta carta de inhibición fechada el 13 de marzo de 2019 tiene metadata que indica fue creada el 31 de julio del mismo año, justo cuando salió a la luz pública. Hernández y sus defensores hablan de conversión de formato, pero nunca presentaron el documento original para un análisis forense independiente. La duda no se despeja: la sombra de una posible falsificación permanece, y eso es un delito grave.
Audios filtrados confirman graves debilidades
En una audiencia parlamentaria secreta en junio de 2020, Hernández reconoció que la Procuraduría Especial “no existe” como estructura funcional y que las defensas jurídicas que diseñó son «débiles y fracturadas», y aún así pidió confidencialidad para que estas fallas no fueran públicas. ¿Esta es la transparencia que ahora defiende?
Un sistema sin contrapesos, un circuito cerrado
El problema excede a Hernández. El interinato creó un sistema con concentración de poder sin supervisión real, donde quien nombra también evalúa y paga. Hernández fue pieza clave y no víctima de ese diseño que permitió la opacidad y la falta de rendición de cuentas.
El Amicus Curiae que desnuda la verdad
En 2020, se presentó ante la corte federal de Delaware un documento formal y detallado con pruebas sobre los conflictos, la ausencia de inhibición formal, los pagos directos y la ausencia de transparencia que Hernández hoy niega. Este documento no es producto de una campaña política: son hechos archivados ante tribunales federales de EE.UU., que hasta ahora siguen sin respuesta.
¿Campaña difamatoria o denuncia fundamentada?
Hernández acusa a El Nacional y a sus periodistas de alinear la investigación con litigios en EE.UU. ignorando que las coincidencias solo confirman una realidad: opacidad, conflictos y negligencia institucional. La verdad no necesita de conspiraciones para sostenerse; se verifica en documentos, audios y testimonios.
Lo que Venezuela exige y aún no recibe
- Que la inhibición de Hernández conste formalmente en los expedientes judiciales.
- Que la metadata cuestionada sea sometida a análisis forense público e independiente.
- Que explique su silencio ante la denuncia ante el Departamento de Justicia en 2019.
- Que rinda cuentas claras sobre casi 10 millones de dólares en deudas sin registrar.
- Que se esclarezca por qué durante su gestión no existió protocolo para manejar conflictos de interés.
- Que se explique la fuga masiva de abogados en defensa de miles de millones, dejando casos estratégicos en riesgo.
La verdad está en los documentos, en los audios, en el informe PER-P-490 y en el expediente judicial abierto. El silencio ya no protege a nadie. Es tiempo de respuestas, no de cartas elegantes ni acusaciones vagas.
Jorge Alejandro Rodríguez Moreno
Exdiputado, proveedor de la industria petrolera, demandante en litigios federales en EE.UU., denunciante formal en el caso Hernández.