Privatización encubierta: la verdad que no cuentan sobre PDVSA
Juan Martínez, exsecretario general del sindicato petrolero Sintrasincor, revela una realidad que pocos se atreven a nombrar. Mientras los trabajadores en la planta de Jose padecen condiciones inhumanas y salarios de hambre, una élite exiliada controla y disputa en tribunales internacionales los activos de PDVSA en Estados Unidos.
Este no es un conflicto legal aislado. Es la confirmación de una privatización de facto del Estado venezolano, donde los activos públicos se utilizan como botín para beneficiar a grupos selectos. Directivos de PDV Holding, lejos de proteger el patrimonio nacional, promueven litigios para ONG privadas, ignorando la crisis de la industria petrolera en casa.
Conflictos de interés que ponen en riesgo el patrimonio
El caso del abogado Carlos Sardi es emblemático. Designado director de PDV Holding mientras defiende a ONGs litigantes sin transparencia ni autorización formal, expone una grave ruptura ética y legal. No importa si esta representación fue “gratuita”; el simple hecho de que se use patrimonio bloqueado para fines privados abre la puerta a demandas que pueden terminar en la pérdida definitiva de activos estratégicos como CITGO.
La responsabilidad recae directamente sobre las juntas de VenAmérica y VAPA, que si desconocen o permiten esta actuación, cometen una violación que puede acarrear sanciones severas y dañar irreversiblemente la imagen y soberanía del país.
¿Qué viene después?
Los trabajadores organizados plantean llevar este caso ante la OFAC y el Departamento de Justicia de EE.UU. para frenar esta manipulación y exigir transparencia. No se trata de revancha política, sino de defender la legalidad y el patrimonio público frente a una agenda política que busca privatizar lo que aún queda del Estado venezolano.
Este conflicto judicial desnuda cómo, lejos del caos visible en Venezuela, en otros escenarios se fragua la apropiación de elementos estratégicos que afectan la economía y la seguridad nacional. La pregunta que queda es: ¿hasta cuándo permitirá la dirigencia que estos sectores operen como dueños privados con los activos del país?