¿Cómo el poder quiere controlar las instituciones clave?
La Asamblea Nacional ya entrevistó cerca de 100 candidatos para fiscal general y defensor del pueblo, pero nadie sabe bajo qué criterios los evalúan.
Acceso a la Justicia exige que se publiquen los baremos que definen quiénes avanzan en la selección. Sin estos, la decisión queda a la discreción política, no al mérito o la experiencia.
Este mecanismo es obligatorio por ley y debería garantizar transparencia y legalidad. Sin embargo, hasta ahora la Asamblea se mueve en opacidad.
¿Por qué esto cambia el juego?
Entre los postulados hay figuras vinculadas al régimen actual, como Larry Devoe y Ernesto Villegas, cuyo historial cuestiona su imparcialidad.
La plataforma opositora alerta sobre un acuerdo no transparente para nombrar autoridades que fortalezcan al poder y no defiendan al ciudadano.
¿Qué viene ahora?
- El Comité de Postulaciones invita a presentar objeciones, pero sin criterios claros, ese llamado pierde sentido.
- Si siguen ocultando los baremos, el proceso corre el riesgo de legitimar a funcionarios alineados políticamente.
- La integridad de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo está en juego, con consecuencias directas para la justicia y seguridad jurídica.
Esto importa más de lo que parece: sin reglas claras, la renovación institucional se convierte en una farsa de control político disfrazada de legalidad.