Exclusión de Javier Tarazona de la Ley de Amnistía desnuda pacto corrupto en Venezuela
Javier Tarazona quedará afuera de la Ley de Amnistía: una señal directa del control político sobre la justicia
El 24 de marzo quedó claro: defender derechos humanos en Venezuela sigue siendo un riesgo grave. Javier Tarazona, director de Fundaredes, fue excluido de los beneficios de la Ley de Amnistía aprobada a medida del chavismo. El tribunal argumentó que sus cargos (terrorismo, incitación al odio, traición a la patria) no encajan en la norma. ¿La realidad? Una maniobra para silenciarlo y evitar que salgan a la luz ciertos negocios oscuros.
Negocios turbios y una FANB enganchada en conflicto narcoguerrillero
Tarazona y su ONG denunciaron en 2021 con pruebas fotográficas nexos entre el ELN, disidentes de las FARC y figuras chavistas como Ramón Rodríguez Chacín. Apenas 48 horas después, lo arrestaron y pasó más de 4 años preso en El Helicoide, hasta recibir libertad condicional. La fiscalía ha ignorado estas serias acusaciones mientras la justicia cómplice se cierra para proteger a las mafias en el poder.
Al mismo tiempo, quedó expuesta la realidad que el régimen no quiere admitir: la FANB fue arrastrada a una guerra de guerrillas que terminó con la entrega de territorio a criminales. Mandos militares débiles y sin voluntad de defender la frontera permitieron la expansión del narcotráfico bajo el disfraz del conflicto bélico. El resultado: humillación y desorden para la institución castrense, pagando el precio soldados sin explicación ni apoyo.
Un régimen que castiga la verdad y protege la impunidad
La persecución de Tarazona es una respuesta directa a su lucha por revelar estos hechos. Mientras algunos voceros del chavismo lo difaman con términos simplistas y descalificadores, el juicio enfrenta denuncias de ser un mecanismo político empañado por irregularidades. La verdadera campaña busca eliminar a quienes ponen en evidencia la alianza entre el gobierno y grupos armados ilegales.
Lo que viene
La apelación de Tarazona el 27 de marzo pone sobre la mesa una cuestión clave: ¿quién paga las consecuencias de las alianzas criminales del régimen? La justicia y la FANB deben responder por esta traición y complicidad. Defender derechos humanos no es delito, pero el sistema que controla el chavismo hace lo imposible para convertir la verdad en un crimen. ¿Cuánto tiempo más aceptará el país esta farsa?