España rompe con la tendencia global y abre sus puertas a la inmigración ilegal
En un momento en que países desarrollados aprietan controles migratorios, Pedro Sánchez impulsa una regularización masiva de inmigrantes sin papeles, saltándose al Parlamento con un real decreto.
¿Qué pasó? El gobierno aprobó la regularización extraordinaria de casi medio millón de extranjeros en situación irregular que llevan cinco meses en España y no tienen antecedentes penales.
El acuerdo de PSOE y Podemos fue impulsado por una campaña social con 700.000 firmas, respaldada por grupos civiles y la Iglesia, pero el Parlamento donde el PSOE no tiene mayoría no participó.
¿Por qué esto cambia las reglas del juego?
- Mientras Alemania endurece deportaciones y Francia limita prestaciones, España va en sentido opuesto abriendo la puerta a la inmigración irregular a gran escala.
- Su economía, que necesita mano de obra en sectores vulnerables como hostelería y construcción, justifica la medida. Pero el país aún sufre tasas elevadas de desempleo y crisis habitacional. La regularización puede aumentar la presión en servicios públicos y mercados laborales.
- El 90% de los beneficiarios de esta medida son latinoamericanos, cuya integración cultural y lingüística es más fácil que en otros países europeos con inmigración de diferente origen, pero España tampoco está libre de conflictos sociales ligados a este fenómeno.
- El gobierno socialdemócrata de centroizquierda con fuerte alianza a la izquierda radical impulsa esta política, motivado más por cálculos políticos que por un plan de ordenamiento migratorio a largo plazo.
¿Qué viene después?
España puede enfrentar una mayor presión migratoria sin coordinación europea, con riesgo de desbordar más su sistema social y laboral. La medida introduce incentivos para que siga entrando inmigración irregular, en un país donde los críticos alertan sobre desempleo estructural y falta de vivienda.
En un entorno global que busca controlar flujos para proteger estabilidad y legalidad, la política española es una clara anomalía. ¿Quién asumirá las consecuencias económicas y sociales de pasar de gestionar a abrir de par en par?