Campaña electoral en Cauca: entre armas y control territorial
Hacer política en Cauca no es solo competir, es sortear retenes armados, rutas bloqueadas y apoyo obligado de guardias indígenas para evitar agresiones.
La candidata Claudia Liliana Ruiz sufrió advertencias de grupos armados que le prohibieron circular. Sólo la mediación de la guardia indígena evitó un conflicto mayor y permitió continuar la campaña en Toribío.
A pesar de la protección estatal limitada —un chaleco antibalas y un guardia asignado— las condiciones reales en terreno son mucho más complejas y peligrosas.
Violencia persistente, Estado ausente
Diez años después del acuerdo de paz con las FARC, los frentes disidentes y el Ejército de Liberación Nacional mantienen el control a punta de amenazas y violencia. El cese al fuego unilateral del ELN durante la elección parece más un gesto que una garantía.
El candidato Esneyder Gómez fue víctima de un ataque directo contra su vehículo, un recordatorio de la precariedad para quienes quieren representar a sus comunidades.
¿Quién protege a los candidatos?
La ONU reportó 18 homicidios y más de 120 ataques y amenazas contra líderes políticos en 2025, dejando en evidencia un problema estructural de seguridad.
Casos recientes como el secuestro temporal de varias candidatas muestran un patrón inaceptable para un Estado que quiere ser garante electoral.
¿Qué está en juego?
Estas condiciones no sólo afectan a los candidatos, también condicionan quién puede presentarse y, por lo tanto, quién puede gobernar. La frontera entre política y violencia redefine la democracia en regiones clave de Colombia.
La pregunta es clara: ¿cómo avanzar hacia unas elecciones libres y seguras si actores armados siguen decidiendo quién participa y cómo se desarrolla la campaña?